Bienvenidos

El objetivo de este blog es compartir con mis clientes, amigos y lectores en general, mi visión del fenómeno tributario, especialmente en temas contingentes nacionales e internacionales. El blog está dirigido a todos quienes somos contribuyentes, y no sólo a aquellos que tienen formación especializada en el tema tributario. No pretendo dictar cátedra sobre ningún tema, sino sólo manifestar mi humilde opinión en cada materia, adquirida en base a mi experiencia profesional y formación especializada en el tema impositivo. Muchas de las opiniones que se incluyan en este blog, han o habrán sido también publicadas por el suscrito en diferentes medios de prensa, por lo que ofrezco las disculpas del caso si el lector encuentra algún texto que ya haya leído, pero también el blog está pensado como medio de información para todos aquellos que no siempre tienen el tiempo o la oportunidad de informarse respecto a este tema a través de los medios de prensa. Para nadie es un misterio que el fenómeno tributario reviste alta complejidad en los tiempos actuales, no sólo en Chile, sino en el mundo, y la comprensión del sentido y alcance de sus normas se dificulta cada vez más, tanto para los contribuyentes legos en la materia, como también para los asesores y para quienes deben fiscalizar el cumplimiento de la norma impositiva. A la complejidad natural del tema, se suma el que no siempre se cuenta con fuentes confiables de información en el ámbito tributario, y tampoco la información es siempre accesible a todo el mundo. Dicha dificultad para acceder a la información, así como para comprender cabalmente el fenómeno impositivo, puede ocasionar una variedad de externalidades negativas, tales como el incumplimiento tributario o cumplimiento imperfecto por ignorancia o error del contribuyente, desaprovechamiento de franquicias o beneficios tributarios disponibles, fiscalización deficiente, abuso de autoridad, entre otras. Por ello, al igual como ocurre en muchos ámbitos, es crucial estar debidamente informados. Desde luego, siéntanse con toda la libertad de escribir a mi correo (cbustos@bustostaxandlegal.com), intentaré responder a la brevedad posible.

Claudio Bustos A.

Abogado Socio y Fundador

Bustos Tax & Legal                   

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Análisis Crítico al Proyecto de Simplificación de la Reforma Tributaria

Si bien el proyecto de simplificación de la reforma tributaria contribuyó a aclarar ciertas materias, no cumplió con la expectativa de haber introducido algunos ajustes de fondo que, a mi juicio, eran necesarios. En efecto, a mí me parece que el objetivo de obtener una mayor recaudación tributaria, era posible alcanzarlo sin privar totalmente al actual sistema tributario, de los incentivos al ahorro e inversión que fomentan la actividad económica tanto por parte de emprendedores como por parte de los empresarios ya establecidos. El régimen de impuesto a la renta parcialmente integrado, junto con aumentar la tasa del Impuesto de Primera Categoría de las empresas a un 27%, impone una tributación total marginal sobre la utilidad del negocio, una vez ya retirada por el socio o accionista, de un 44.45% (27% pagado por la sociedad y un 17.45% pagado por el socio). Ello se debe a que el socio o accionista sólo tendrá derecho a utilizar como crédito en contra del Impuesto Global Complementario, un 65% del impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa, y no el total de dicho tributo como ocurre en la actualidad. Lo anterior, junto con elevar la tributación final sobre las utilidades empresariales a márgenes excesivos para nuestro nivel de desarrollo económico, introduce una inequidad en el sistema, puesto que la tributación final para quien es socio o accionista de una empresa será mayor (44.45% marginal) a la de la persona natural que desarrolla actividades económicas como tal (35% marginal bajo el nuevo sistema).   En cambio, según lo ha manifestado el propio Subsecretario de Hacienda, un objetivo equivalente de mayor recaudación podría haberse alcanzado manteniendo el sistema de impuesto a la renta 100% integrado, y elevando la tasa de impuesto de Primera Categoría de las empresas a un 30% o 31%. También habría sido más simple desintegrar por completo ambos impuestos, estableciendo una tasa de impuesto a pagar por las empresas y otra a pagar por el socio o accionista, pero en tal caso habría sido necesario reducir la tributación del socio o accionista por debajo de las tasas vigentes en la actualidad. El régimen de renta atribuida, aun cuando ha quedado más limitado que en el proyecto original, tampoco responde a las expectativas de mayor crecimiento económico que tiene un país como el nuestro, puesto que no es un incentivo al ahorro o inversión, sino que, muy por el contrario, fomenta el consumo o retiro de utilidades por parte del socio o accionista, puesto que agota íntegramente la tributación sobre base devengada. Curiosamente, el sistema de renta atribuida se ha erigido como el régimen típico para las PYMES, empresas que son las que requieren de un mayor incentivo al ahorro e inversión para continuar creciendo. Respecto a la norma antielusiva general, era necesario ser mucho más claro para evitar cualquier intersticio de retroactividad de la norma, puesto que la aplicación retroactiva atenta contra los principios de seguridad jurídica y buena de fe de las personas, y es por ello que está prohibida por nuestra Constitución Política. Por tal razón, era fundamental ser mucho más enfático en establecer la irretroactividad de la norma antielusiva, puesto que se trata de un tema sumamente sensible. Al respecto, me parece que lo más simple era disponer que la norma sólo afectaría a operaciones iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia, sin ningún otro tipo de reserva.  Personalmente, además, creo que la norma antielusiva general no era necesaria ni conveniente para nuestro régimen tributario. De hecho, la OECD no recomienda la norma antielusiva general para países en vías de desarrollo, puesto que puede generar situaciones de abuso por parte de la autoridad y eventualmente corrupción. Me parece que el mismo objetivo perseguido por la norma antielusiva general, podía alcanzarse a través de la promulgación de normas antielusivas especiales y mediante el  fortalecimiento de las normas antielusivas especiales ya existentes. A mi juicio, el impacto mediático de mayores normas antielusivas especiales a nivel de las confianzas de los contribuyentes habría sido mucho menor al producido por la norma antielusiva general, y probablemente el efecto, en términos de aumentar la recaudación, habría sido muy similar o incluso superior. En materia de IVA, habría sido preferible no gravar la venta de inmuebles, que ya se vislumbra que afectará de manera relevante a sectores de clase media de nuestro país, y haber ampliado el hecho gravado de este impuesto a otros ámbitos que actualmente no lo están, tales como los relativos a servicios profesionales y ciertos ámbitos del comercio electrónico. Es necesario tener presente que el IVA es un impuesto fundamentalmente regresivo (de mayor impacto en los sectores de menores ingresos), por lo que es esencial que las modificaciones en este ámbito se implementen en aquellas materias que puedan producir un menor impacto. En definitiva, no se trata de que uno no comparta el objetivo de mayor recaudación que persigue el gobierno, sino que queda la fuerte sensación de que el mismo objetivo podría haberse logrado de otra forma, sin producir el impacto que la reforma tributaria ha tenido y está teniendo en nuestra economía, manteniendo ciertos incentivos que permitan fomentar el crecimiento económico, conjugándolo con una mayor equidad desde el punto de vista social. Todo ello lleva a pensar que es muy probable que un futuro gobierno deba introducir ajustes o modificaciones de fondo a la actual ley tributaria.

Claudio Bustos Alvarado

Abogado Socio Bustos Tax & Legal

Publicado en el sitio web El Libero. 31 de Octubre de 2016.

El ABC de la Doble Tributación Internacional… y algo más

Probablemente, la externalidad negativa más compleja a la que un contribuyente puede verse expuesto involuntariamente, es la doble tributación internacional. Ya sea por originar rentas en varios países o por poseer más de un lugar de residencia o ciudadanía, una persona puede verse expuesta a tener que pagar impuestos en más de una jurisdicción, por las mismas rentas. Como solución o alivio a este dilema, existen una serie de mecanismos unilaterales y multilaterales adoptados por los países, de manera que, al menos, la doble tributación pueda reducirse a su mínima expresión. En Chile, los siguientes son los aspectos más relevantes a considerar: (a) Existe la posibilidad de deducir como crédito de los impuestos en Chile, el impuesto que ha gravado a la misma renta en el exterior, crédito que tiene un límite de 32% de la renta neta de fuente extranjera cuando no existe Convenio para Evitar la Doble Tributación, o de 35% si existe dicho Convenio; (b) Cuando no existe Convenio, solo dan derecho a crédito por impuestos pagados en el exterior ciertas rentas, tales como los dividendos, royalties, rentas por asesorías técnicas y otras prestaciones similares, mientras que en los casos en que existe Convenio, el derecho a crédito se extiende a todas las rentas contempladas en el respectivo Convenio (por ejemplo, intereses, ganancias de capital, rentas por servicios personales, etc.); (c) Las rentas por servicios personales, sólo dan derecho a crédito en Chile cuando existe Convenio. Por ello, en ausencia de Convenio, las rentas por servicios personales, que típicamente se perciben cuando una persona está trabajando o prestando servicios en el exterior manteniendo su residencia o domicilio en Chile, quedarán íntegramente afectas a impuesto en ambos países. Llama la atención que la última reforma tributaria no haya terminado aún con esta inequidad.

Con la reforma tributaria ya en vigor, hay que considerar dos elementos adicionales: (i) Como es sabido, bajo el régimen de renta atribuida, uno de los dos nuevos sistemas vigentes a contar de 2017, las rentas del negocio son tributadas anualmente por los socios sobre base devengada, aun cuando no hayan sido retiradas como dividendo, asumiendo una ficción, como si la sociedad fuera transparente o no existiera para efectos fiscales. Así las cosas, el régimen de renta atribuida plantea el dilema de que el contribuyente inversionista extranjero pagará impuestos en Chile por rentas que no necesariamente ha percibido, y que pueden no estar afectas aún a impuesto en el país de residencia. Por ello, surge la necesidad de sincronizar la tributación en ambos países, de tal manera de utilizar los respectivos créditos (con EE.UU., por ejemplo, ello es posible a través del conocido mecanismo “check-the-box” disponible en ese país); (ii) Las rentas pasivas provenientes de entidades controladas en el exterior, que ahora deben también tributarse sobre base devengada (nueva norma CFC o 41G), dan derecho a crédito en Chile, pero solo contra el Impuesto de Primera Categoría, salvo los casos en que exista Convenio con el respectivo país. En consecuencia, se trata de un problema no menor, pero que puede aminorarse adecuadamente si se toman los debidos resguardos.

 

Claudio Bustos A.

Abogado Socio Bustos Tax & Legal

Publicado en El Diario Financiero. 14 de Febrero de 2017.

APPLE, IRLANDA Y EU: ¿DESAFÍO A LAS BEPS?

Recientemente, se ha dado a conocer que la Unión Europea ha solicitado a Irlanda exigir a Apple el pago de impuestos atrasados por una suma cercana a los US$14.500 millones, ello debido a que la referida compañía habría utilizado como domicilio a Irlanda para llevar a cabo sus operaciones bajo un régimen preferencial de impuesto. Lo anterior, considerando que Irlanda es uno de los países con tributación más baja en el contexto europeo, con tasas corporativas del orden del 12.5%. Evidentemente, el hecho que una compañía como Apple se domicilie en Irlanda, sujeto a un régimen de tributación más favorable, se contrapone directamente con la política antielusiva impulsada por las grandes potencias, a través de la OCDE, denominada “BEPS”, sigla que se traduce como “Base Erosion and Profit Shifting” o “Medidas para Evitar la Erosión de la Base Imponible y Migración de Rentas”.  La conducta de Apple se enmarca justamente en el tipo de maniobras que la OCDE y los países desarrollados desean impedir a nivel internacional. En efecto, las BEPS conforman un paquete de 13 medidas que buscan, fundamentalmente, evitar que los contribuyentes muden su jurisdicción con fines de optimización tributaria o, lo que es lo mismo, trasladen los activos generadores de rentas, al menos formalmente, a jurisdicciones de baja o nula tributación, para optimizar el tratamiento impositivo de su negocio a nivel internacional. Lo más interesante de esta polémica, es que Irlanda está en contra de lo requerido a su respecto por la Unión Europea, puesto que estima que, para fortalecer su economía y atraer inversión extranjera, es esencial que pueda contar con un régimen tributario con ventajas comparativas respecto al resto de Europa. Aun cuando la actitud de Irlanda pudiera parecer egoísta, tanto como la conducta de Apple, ello no debiera sorprender a la OCDE ni a la Unión Europea, puesto que, en el ámbito internacional, los Estados compiten por la aplicación y ejercicio de su potestad tributaria, ya sea respecto de sus residentes o respecto de quienes generan ingresos en sus límites territoriales. Ocurre, sin embargo, que en esta competencia no todos los Estados están en igualdad de condiciones, puesto que los países desarrollados son fundamentalmente exportadores de capital mientras que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo son más bien importadores de capital. Dicho en otras palabras, a los países desarrollados les interesa retener la tributación de sus residentes en su jurisdicción, aun sabiendo que gran parte de los negocios los desarrollarán en el exterior, y a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo les interesa generar tributación sobre los ingresos que se generan en sus jurisdicciones, para lo cual necesitan atraer inversión del exterior tanto como puedan. Por ello, en términos generales, para un país subdesarrollado o en vías de desarrollo será más importante que para un país desarrollado el contar con un régimen tributario favorable para atraer inversión extranjera. Por tal motivo, las iniciativas enmarcadas en el ámbito de la OCDE, como lo son típicamente los Convenios para Evitar la Doble Tributación internacional, así como las BEPS, tienen su prioridad, salvo ciertos matices, en favorecer la tributación en los países de residencia de los contribuyentes o, lo que es lo mismo, países fundamentalmente desarrollados o exportadores de capital, lo cual, directa o indirectamente va en desmedro de los países importadores de capital. Es reconocido que los impuestos sirven como elemento de incentivo o desincentivo de determinadas conductas de las personas, tales como uso de energías no contaminantes, disminución en el consumo de alimentos dañinos para la salud, entre otros. Así también, el impuesto es un factor clave a la hora de atraer inversión extranjera, puesto que la tributación es un elemento incorporado al análisis de cualquier negocio. De hecho, un buen número de países miembros de la OCDE tiene algún tipo de régimen “off-shore”, que permite que empresas puedan hacer uso de estas jurisdicciones para realizar sus negocios en el resto del mundo, a tasas nulas o muy bajas de tributación.  Por ello, más que reprochar la conducta de los contribuyentes que buscan establecerse en estas jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que cabe preguntarse es por qué existen dichas jurisdicciones, y qué es lo que persiguen en el contexto internacional. Irlanda claramente está demostrando que existe una competencia entre las jurisdicciones por atraer capitales extranjeros, tema en el cual el factor impositivo no es para nada indiferente. Por lo tanto, como dicen en el campo, parece ser que “la culpa no es del chancho”…

 

Claudio Bustos A.

Abogado Socio Bustos Tax & Legal        

Publicado en El Mercurio, Cuerpo Legal. 04 de Noviembre de 2016