Análisis Crítico al Proyecto de Simplificación de la Reforma Tributaria

Si bien el proyecto de simplificación de la reforma tributaria contribuyó a aclarar ciertas materias, no cumplió con la expectativa de haber introducido algunos ajustes de fondo que, a mi juicio, eran necesarios. En efecto, a mí me parece que el objetivo de obtener una mayor recaudación tributaria, era posible alcanzarlo sin privar totalmente al actual sistema tributario, de los incentivos al ahorro e inversión que fomentan la actividad económica tanto por parte de emprendedores como por parte de los empresarios ya establecidos. El régimen de impuesto a la renta parcialmente integrado, junto con aumentar la tasa del Impuesto de Primera Categoría de las empresas a un 27%, impone una tributación total marginal sobre la utilidad del negocio, una vez ya retirada por el socio o accionista, de un 44.45% (27% pagado por la sociedad y un 17.45% pagado por el socio). Ello se debe a que el socio o accionista sólo tendrá derecho a utilizar como crédito en contra del Impuesto Global Complementario, un 65% del impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa, y no el total de dicho tributo como ocurre en la actualidad. Lo anterior, junto con elevar la tributación final sobre las utilidades empresariales a márgenes excesivos para nuestro nivel de desarrollo económico, introduce una inequidad en el sistema, puesto que la tributación final para quien es socio o accionista de una empresa será mayor (44.45% marginal) a la de la persona natural que desarrolla actividades económicas como tal (35% marginal bajo el nuevo sistema).   En cambio, según lo ha manifestado el propio Subsecretario de Hacienda, un objetivo equivalente de mayor recaudación podría haberse alcanzado manteniendo el sistema de impuesto a la renta 100% integrado, y elevando la tasa de impuesto de Primera Categoría de las empresas a un 30% o 31%. También habría sido más simple desintegrar por completo ambos impuestos, estableciendo una tasa de impuesto a pagar por las empresas y otra a pagar por el socio o accionista, pero en tal caso habría sido necesario reducir la tributación del socio o accionista por debajo de las tasas vigentes en la actualidad. El régimen de renta atribuida, aun cuando ha quedado más limitado que en el proyecto original, tampoco responde a las expectativas de mayor crecimiento económico que tiene un país como el nuestro, puesto que no es un incentivo al ahorro o inversión, sino que, muy por el contrario, fomenta el consumo o retiro de utilidades por parte del socio o accionista, puesto que agota íntegramente la tributación sobre base devengada. Curiosamente, el sistema de renta atribuida se ha erigido como el régimen típico para las PYMES, empresas que son las que requieren de un mayor incentivo al ahorro e inversión para continuar creciendo. Respecto a la norma antielusiva general, era necesario ser mucho más claro para evitar cualquier intersticio de retroactividad de la norma, puesto que la aplicación retroactiva atenta contra los principios de seguridad jurídica y buena de fe de las personas, y es por ello que está prohibida por nuestra Constitución Política. Por tal razón, era fundamental ser mucho más enfático en establecer la irretroactividad de la norma antielusiva, puesto que se trata de un tema sumamente sensible. Al respecto, me parece que lo más simple era disponer que la norma sólo afectaría a operaciones iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia, sin ningún otro tipo de reserva.  Personalmente, además, creo que la norma antielusiva general no era necesaria ni conveniente para nuestro régimen tributario. De hecho, la OECD no recomienda la norma antielusiva general para países en vías de desarrollo, puesto que puede generar situaciones de abuso por parte de la autoridad y eventualmente corrupción. Me parece que el mismo objetivo perseguido por la norma antielusiva general, podía alcanzarse a través de la promulgación de normas antielusivas especiales y mediante el  fortalecimiento de las normas antielusivas especiales ya existentes. A mi juicio, el impacto mediático de mayores normas antielusivas especiales a nivel de las confianzas de los contribuyentes habría sido mucho menor al producido por la norma antielusiva general, y probablemente el efecto, en términos de aumentar la recaudación, habría sido muy similar o incluso superior. En materia de IVA, habría sido preferible no gravar la venta de inmuebles, que ya se vislumbra que afectará de manera relevante a sectores de clase media de nuestro país, y haber ampliado el hecho gravado de este impuesto a otros ámbitos que actualmente no lo están, tales como los relativos a servicios profesionales y ciertos ámbitos del comercio electrónico. Es necesario tener presente que el IVA es un impuesto fundamentalmente regresivo (de mayor impacto en los sectores de menores ingresos), por lo que es esencial que las modificaciones en este ámbito se implementen en aquellas materias que puedan producir un menor impacto. En definitiva, no se trata de que uno no comparta el objetivo de mayor recaudación que persigue el gobierno, sino que queda la fuerte sensación de que el mismo objetivo podría haberse logrado de otra forma, sin producir el impacto que la reforma tributaria ha tenido y está teniendo en nuestra economía, manteniendo ciertos incentivos que permitan fomentar el crecimiento económico, conjugándolo con una mayor equidad desde el punto de vista social. Todo ello lleva a pensar que es muy probable que un futuro gobierno deba introducir ajustes o modificaciones de fondo a la actual ley tributaria.

Claudio Bustos Alvarado

Abogado Socio Bustos Tax & Legal

Publicado en el sitio web El Libero. 31 de Octubre de 2016.