APPLE, IRLANDA Y EU: ¿DESAFÍO A LAS BEPS?

Recientemente, se ha dado a conocer que la Unión Europea ha solicitado a Irlanda exigir a Apple el pago de impuestos atrasados por una suma cercana a los US$14.500 millones, ello debido a que la referida compañía habría utilizado como domicilio a Irlanda para llevar a cabo sus operaciones bajo un régimen preferencial de impuesto. Lo anterior, considerando que Irlanda es uno de los países con tributación más baja en el contexto europeo, con tasas corporativas del orden del 12.5%. Evidentemente, el hecho que una compañía como Apple se domicilie en Irlanda, sujeto a un régimen de tributación más favorable, se contrapone directamente con la política antielusiva impulsada por las grandes potencias, a través de la OCDE, denominada “BEPS”, sigla que se traduce como “Base Erosion and Profit Shifting” o “Medidas para Evitar la Erosión de la Base Imponible y Migración de Rentas”.  La conducta de Apple se enmarca justamente en el tipo de maniobras que la OCDE y los países desarrollados desean impedir a nivel internacional. En efecto, las BEPS conforman un paquete de 13 medidas que buscan, fundamentalmente, evitar que los contribuyentes muden su jurisdicción con fines de optimización tributaria o, lo que es lo mismo, trasladen los activos generadores de rentas, al menos formalmente, a jurisdicciones de baja o nula tributación, para optimizar el tratamiento impositivo de su negocio a nivel internacional. Lo más interesante de esta polémica, es que Irlanda está en contra de lo requerido a su respecto por la Unión Europea, puesto que estima que, para fortalecer su economía y atraer inversión extranjera, es esencial que pueda contar con un régimen tributario con ventajas comparativas respecto al resto de Europa. Aun cuando la actitud de Irlanda pudiera parecer egoísta, tanto como la conducta de Apple, ello no debiera sorprender a la OCDE ni a la Unión Europea, puesto que, en el ámbito internacional, los Estados compiten por la aplicación y ejercicio de su potestad tributaria, ya sea respecto de sus residentes o respecto de quienes generan ingresos en sus límites territoriales. Ocurre, sin embargo, que en esta competencia no todos los Estados están en igualdad de condiciones, puesto que los países desarrollados son fundamentalmente exportadores de capital mientras que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo son más bien importadores de capital. Dicho en otras palabras, a los países desarrollados les interesa retener la tributación de sus residentes en su jurisdicción, aun sabiendo que gran parte de los negocios los desarrollarán en el exterior, y a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo les interesa generar tributación sobre los ingresos que se generan en sus jurisdicciones, para lo cual necesitan atraer inversión del exterior tanto como puedan. Por ello, en términos generales, para un país subdesarrollado o en vías de desarrollo será más importante que para un país desarrollado el contar con un régimen tributario favorable para atraer inversión extranjera. Por tal motivo, las iniciativas enmarcadas en el ámbito de la OCDE, como lo son típicamente los Convenios para Evitar la Doble Tributación internacional, así como las BEPS, tienen su prioridad, salvo ciertos matices, en favorecer la tributación en los países de residencia de los contribuyentes o, lo que es lo mismo, países fundamentalmente desarrollados o exportadores de capital, lo cual, directa o indirectamente va en desmedro de los países importadores de capital. Es reconocido que los impuestos sirven como elemento de incentivo o desincentivo de determinadas conductas de las personas, tales como uso de energías no contaminantes, disminución en el consumo de alimentos dañinos para la salud, entre otros. Así también, el impuesto es un factor clave a la hora de atraer inversión extranjera, puesto que la tributación es un elemento incorporado al análisis de cualquier negocio. De hecho, un buen número de países miembros de la OCDE tiene algún tipo de régimen “off-shore”, que permite que empresas puedan hacer uso de estas jurisdicciones para realizar sus negocios en el resto del mundo, a tasas nulas o muy bajas de tributación.  Por ello, más que reprochar la conducta de los contribuyentes que buscan establecerse en estas jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que cabe preguntarse es por qué existen dichas jurisdicciones, y qué es lo que persiguen en el contexto internacional. Irlanda claramente está demostrando que existe una competencia entre las jurisdicciones por atraer capitales extranjeros, tema en el cual el factor impositivo no es para nada indiferente. Por lo tanto, como dicen en el campo, parece ser que “la culpa no es del chancho”…

 

Claudio Bustos A.

Abogado Socio Bustos Tax & Legal        

Publicado en El Mercurio, Cuerpo Legal. 04 de Noviembre de 2016